El acuerdo para la cobertura informativa de la violencia

En fechas recientes, se anunció casi casi como la Panacea Informativa el hecho de que 750 medios signaran el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia en el marco de la Iniciativa México (que en realidad es un reality show, estofado de demagogia, populismo y malas intenciones). Las críticas no se hicieron esperar, y éstas fueron respondidas oportunamente por los periodistas orgánicos de siempre (Carlos Marín, Jorge Fernández Menéndez y el playboy de Noticieros Televisa: Carlos Loret de Mola). Para los que no conozcan el acuerdo, píquenle AQUÍ, para que no digan que nuestro sagrado blog no es imparcial, veraz y oportuno.

Existen muchas nebulosas alrededor del documento en cuestión, aun cuando les demos el beneficio de la duda, resulta contradictorio desde su origen. Por ejemplo, el punto 1 de los criterios editoriales del acuerdo dice a la letra: “Evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes”. Pero en el punto tres del apartado Punto de Partida, menciona: “no dejar que el terror vaya cancelando plazas informativas”. Textual. Todo mundo sabe que dentro del slang del narcotraficante, una plaza es un territorio conquistado por determinado capo, ¿a qué están jugando?, ¿a erigirse como el cártel de “los buenos medios”?

La idea maniquea de que lo que estamos viviendo es un Western del sheriff y sus muchachos contra los delincuentes malos, egoístas, asesinos, hijos de puta, bla, bla, bla; tiene al menos una intención política detrás: apuntalar la guerra de Felipe Calderón ad nauseum, omitiendo el hecho de que el combate por medio de la “violencia legítima”, también ha dejado una larga estela de huérfanos, viudas, odio e inocentes asesinados por el Ejército y la Marina. Dirán los puristas que los daños colaterales son mínimos, pero no lo son si consideramos que probablemente esos delincuentes, por muy delincuentes que sean, tenían familias y pertenecían a ciertos estratos económicos de la población. Hasta el momento, no hay un cuestionamiento de fondo al por qué ciertos segmentos de la sociedad consumen drogas.

En el punto cuatro, se afirma lo siguiente: “La responsabilidad del combate a la delincuencia organizada recae en los órganos de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano. Puede y debe debatirse si la forma en que el gobierno ha decidido combatir al crimen organizado es la adecuada. Pero ese debate tiene que partir del reconocimiento de la obligación constitucional que tiene el gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley”. Es decir, el documento admite que se puede estar de acuerdo o no con la forma en que se está combatiendo a la delincuencia, pero que es una obligación constitucional y ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, ¿dónde quedó el debate?, ¿quién decide dónde comienza el debate y dónde acaba?, ¿un grupo de medios que se erigieron como Policías de la Verdad y que no dan pie a cuestionar el germen mismo del acuerdo? Tramposo argumento que lo único que deja claro es que el combate al narcotráfico no puede realizarse de otra forma y los que no pensamos así seguramente estamos con los delincuentes que no quieren que México avance. Por favor, no sean cínicos, señores vástagos del monopolio de la información.

Me gustaría seguir derribando punto por punto los tabúes de dicho acuerdo, pero esto es un blog, no una novela así que lo haré en otra ocasión. Por lo pronto, sólo quiero hacer hincapié en que el punto 8 y 9 de dicho acuerdo son excluyentes, ya que al ser un acuerdo entre medios (los más poderosos) deja fuera al resto de los comunicadores que no se alinearon con sus criterios editoriales. Sin ir más lejos, el reciente asesinato del hijo del poeta y periodista crítico Javier Sicilia no generó una reacción en las líneas editoriales de los medios que signaron el acuerdo, ni siquiera por parte de esos columnistas que se erigen como paladines de la libertad de expresión (Ciro Gómez Leyva y compañía). ¿De qué se trata?, ¿de diferenciar al periodismo bueno del periodismo manipulado por fuerzas oscuras de la izquierda (Castro, Chávez o cualquier otro ente malévolo que se les ocurra)? Finalmente huelga decir que los auténticos medios críticos no signaron el acuerdo envenenado, que además perversamente enfatiza que quiere proteger a los menores, a las víctimas y no prejuzgar culpables. Si no busca prejuzgar culpables, ¿por qué se convierten en el Ministerio de la Verdad? ¿Por qué entonces está en contra del crimen organizado así en abstracto? ¿para poder ponerle la etiqueta de delincuente a los que el gobierno les diga, sin poner en entredicho su metodología, ni las razones por las cuales llegaron a esa conclusión? Que la PGR, el CISEN o la Policía Federal sean los que prejuzguen culpables y les pasen luego el boletín. Oigan qué comodinos, yo quiero una chamba como la suya.